El hecho peronista en el debate cultural e intelectual: 1945-1955

 por Belén Olivares  

Resumen

Durante el período 1945-1955 el campo cultural atraviesa un proceso de politización que propicia el enfrentamiento de los intelectuales frente a la situación internacional y en el plano local en torno a la discusión que suscita el ascenso del peronismo al poder.

En este trabajo sostenemos que se debe matizar el debate que afirma una escisión entre los intelectuales y el peronismo, puesto que si bien podemos caracterizar las políticas de Perón respecto a los intelectuales como tensa y ambivalente, inferimos que también existieron intenciones por parte del gobierno de flexibilizar su relación.

Específicamente analizamos la trayectoria de esa relación y el rol que asume cada una de las partes implicadas, así como también las estrategias que desarrollan.

Este estudio forma parte de una investigación mayor realizada en el marco de la materia Historia Cultural de la Modernidad dictada en la Universidad Nacional de Quilmes.

Palabras clave: campo cultural, intelectuales, peronismo.

Entre 1945 y 1955 el campo cultural se encuentra atravesado por un debate crispado en función de la eclosión de la Guerra Civil española que provoca la polarización definitiva del campo intelectual local. La decisión de apoyar o no a la República en el conflicto español determina la formación de dos bandos entre los escritores: el democrático y el antidemocrático, mientras que el comienzo de la Segunda Guerra Mundial profundiza aún más la politización del mundo intelectual.

Al respecto, cabe interrogarnos: ¿qué actitud toman los intelectuales peronistas bajo el primer peronismo?, ¿cómo es la administración cultural durante el peronismo?, ¿cómo se expresan los intelectuales antiperonistas y qué representaciones realizan del peronismo en la prensa cultural? y ¿qué cambios introduce el golpe de Estado de 1955 dentro del campo intelectual?

Ante la imposibilidad de brindar una única respuesta a estos interrogantes, en el siguiente trabajo proponemos realizar un análisis crítico del libro Intelectuales y peronismo 1945- 1955 de Flavia Fiorucci (2011), y un abordaje hermenéutico de los postulados analíticos de diversos autores entendidos del tema. Para dicho fin, comenzamos describiendo la situación general del campo intelectual para luego adentrarnos en la relación particular entre el gobierno y los intelectuales así como también la trayectoria de esa relación y el rol que asume cada una de las partes implicadas.

Fiorucci (2011) plantea que la politización influye en la dinámica del campo intelectual y monopoliza, en gran parte, el contenido de los debates en detrimento de la anhelada autonomía. En su trabajo se vale del concepto de campo intelectual acuñado por Pierre Bourdieu para estudiar la vida intelectual del período y esboza que los escritores conforman un microcosmos en el mundo social regido por una lógica específica.

Tal como sostiene Carlos Altamirano (2002) el concepto de campo intelectual esgrimido por Bourdieu es útil para pensar los condicionamientos sociales que obran en el universo de la producción cultural, sin desconocer lo que esta tiene de específico. Dotado de una lógica propia, su instancia de referencia es el espacio social relativamente autónomo que permite pensar la posibilidad de desarrollo de una autonomización real, aunque relativa de los bienes simbólicos. En este sentido, en el campo intelectual se establecen relaciones que lo posiciona como mediador en aquellas sociedades donde la producción de bienes simbólicos se configura como dominio relativamente autónomo. A su vez, es un espacio de lucha por la definición de la cultura legítima que enfrenta a los situados en diferentes rangos. Por tal causa, Bourdieu establece un vínculo entre la dominación simbólica —que hace de los intelectuales una facción dominada de la clase dominante— y la teoría de Marx sobre la relación entre clase dominante e ideas dominantes, junto al análisis weberiano sobre la dominación política legítima.

En el plano local, en junio de 1943 tras el golpe de Estado emerge en la escena política Juan Domingo Perón y, según Flavia Fiorucci (2011), desde su inicio el gobierno militar adopta un perfil autoritario que tiene efectos concretos para los intelectuales. Además, señala que este persiste en la política de neutralidad y prohíbe la actividad de los partidos políticos, desestimando las ilusiones de aquellos que creían que los militares intervienen para restaurar la democracia y romper las relaciones con el eje. También, clausura las organizaciones antifascistas y declara cesantes a los profesores universitarios que se habían postulado en contra de Alemania. Para la autora el antifascismo se transforma rápidamente en antiperonismo, sobre todo luego del 17 de octubre cuando Perón se convierte para los antifascistas en la encarnación del “fascismo criollo”. Esto explica el hecho de que la mayoría de los escritores se posicionen a favor de la Unión Democrática.

En su libro la escritora aborda la relación compleja entre los intelectuales y el peronismo en el período que abarca el ascenso de Perón en 1946 hasta el primer año de la “Revolución Libertadora” tomando en cuenta tanto la perspectiva estatal como la de los intelectuales. Ella plantea que su estudio se ocupa de un momento de la historia argentina cuando la dimensión pública de la tarea intelectual se vio recortada. Atendiendo a esas particularidades designa la idea de “autorreconocimiento” porque quien se reconoce en esa identidad participa de las “disputas de demarcación” que organizan el campo. Por tal causa, propone como criterio de autorreconocimiento la pertenencia a las dos asociaciones de escritores que en ese momento agrupan a los intelectuales: la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y la Asociación de Escritores Argentinos (ADEA). También sostiene que la intelectualidad interpreta la emergencia del peronismo como la consumación de una amenaza sobre la que hacía tiempo venían alertando: la emergencia del fascismo en el plano local. De este modo, propone evidenciar la interacción entre el campo intelectual y el político tomando el caso de SADE y ADEA.

En el caso de la SADE expone cómo la Segunda Guerra Mundial y el estallido de la guerra civil española provocan que la asociación deje de substraerse de la politización que domina la vida social. Su radicalización se tradujo en el abandono del apoliticismo y el Tercer Congreso de Escritores celebrado de 1941 en la ciudad de Tucumán marca un punto de inflexión, ya que la SADE presenta la defensa de la democracia como un imperativo moral y ajeno a las consideraciones partidarias. Desde ese momento la asociación abandona la neutralidad política y en sus intervenciones públicas asume un rol social más amplio de un ejercicio de la voz de la intelectualidad comprometida con la democracia y la lucha antifascista. Sin embargo, esta actitud contrasta con la que asume la asociación luego del primer triunfo electoral de Perón, puesto que no realiza declaraciones sobre el evento. Por ello se asocia el deliberado silencio con la despolitización en función de la supervivencia institucional.

Sumado a esta “desaceleración de la política” la aparición del peronismo como opción electoral provoca casi inmediatamente la fractura de la SADE dada la simpatía que despierta entre los intelectuales nacionalistas y el rechazo de un gran número de miembros de la asociación. Ello deriva en la creación de una nueva sociedad de escritores —la ADEA— conformada por intelectuales peronistas que afianzan su voz en un contexto en que eran una minoría cuestionada.

El cambio la estrategia que asume la SADE se cristaliza en el rechazo al llamado a conformar la Junta Nacional de Intelectuales fundada en 1948 con la intención de promover la creación artística y científica (como se verá más adelante), por considerarlo un intento del gobierno de controlar la cultura. A partir de este momento la asociación solo interviene en política cuando sus intereses profesionales se ven afectados. Fiorucci (2011) plantea que “la diferencia, aunque aparentemente sutil, recortaba para estos intelectuales un rol diferente del que habían promovido como modelo desde mediados de los años 30: de guardianes de los valores de la democracia y las libertades, pasaban a circunscribir sus intervenciones a defensas profesionales” (p. 78). En este sentido, la autora plantea que la especificidad de las intervenciones públicas y el silencio persiguen el objetivo de permitir la supervivencia de la vida cultural, ya que los miembros de la asociación temen la clausura o la intervención de la institución. Como contrapartida, entrado el año 1948, el peronismo aprovecha un error del delegado de la asociación y la SADE pierde la posibilidad de estar representada en la Comisión de Cultura, su lugar queda vacante y se lo otorga a un miembro de la ADEA.

No obstante, es preciso aclarar que el estudio de Fiorucci deja de lado un ámbito muy importante de actuación de los intelectuales: la universidad. Son dos las razones que la llevan a obviar el estudio de la institución. Por un lado, porque este tema ya ha sido abordado en trabajos específicos y, por otro lado, la elección radica en que en ese momento la universidad fue más un espacio de disputa que una instancia del mundo intelectual, al menos en lo que respecta a los antiperonistas. En contraposición, Julián Dércoli (2014) se ocupa de estudiar las transformaciones que produjo el peronismo en materia de educación superior a la vez que discute con los trabajos que caracteriza como la “interpretación hegemónica” porque niegan que Perón haya propuesto un modelo coherente y racional de universidad. Dichos trabajos, manejan una tensión constante y trasladan la caracterización de “autoritaria” a la política desarrollada por el peronismo para la educación superior. Este resultado parece obvio, dado que emana de un gobierno que califican de no democrático. Al mismo tiempo, desarrollan un análisis de la universidad como ente aislado de la sociedad, ya que el General no representaría más que la continuidad con el régimen que lo precede. Alimentando aquella interpretación, el nuevo gobierno ordena la intervención de las universidades que luego normaliza con la aprobación en 1947 de la Ley 13.031. Dércoli (2014) plantea que la ley que reemplaza a la única normativa existente en Argentina en materia de educación superior —la Ley 1.597 del año 1885 conocida como Ley Avellaneda— se trata de un cambio fundamental, un proyecto coherente con una estrategia de desarrollo nacional. Los aspectos novedosos que introduce la nueva ley son los siguientes: define los objetivos y función de la universidad; detalla con precisión los órganos de cogobierno y el mecanismo de elección del rector, decano y profesores; incorpora el sistema de becas universitarias; sanciona la autonomía técnica, docente y científica; crea el Consejo Nacional Universitario y especifica las fuentes de financiamiento de las universidades: aportes del Estado nacional e incorpora como parte del presupuesto para las instituciones un impuesto del 20 % cobrado sobre las personas que tomaran trabajo de otra.

Para el autor la interpretación hegemónica se equivoca en afirmar que el gobierno peronista ataca a la universidad porque le representa un peligro, soslaya que la política de reorganización incluye todas las áreas en función de los objetivos fijados para el Primer Plan Quinquenal. Específicamente, el movimiento peronista busca una universidad y unos profesionales politizados, pero con una impronta nacional, popular y democrática. En este sentido, Dércoli (2014) sostiene que a Perón “le era inconcebible que se utilicen instituciones públicas como bastiones opositores, ya que esto significaba el desconocimiento del gobierno democrático y de la soberanía popular” (p.69). Concluye que la política del peronismo para la educación superior anhela ubicar dicha área en una estrategia de desarrollo industrial sostenida por el mercado interno y, finalmente, afirma que lo central de un proyecto alternativo no reside en autonomía sí o no; por lo contrario, el aspecto sustancial de la discusión se centra en si se desea que la universidad y la investigación contribuyan a un fin colectivo, democrático, nacional y social con su tarea específica en la producción de conocimiento.

Por su parte, Fiorucci (2011) afirma que una vez que la intelectualidad antiperonista abandona la universidad por los conflictos con el gobierno, la vida intelectual funciona por fuera de esa institución y se desarrolla en revistas, asociaciones y grupos. Resulta interesante destacar el estudio realizado por Federico Neiburg (1998) sobre el caso del Colegio Libre de Estudios Superiores (CLES), fundado en mayo de 1930 y constituido por Alejandro Korn, Narciso Laclau, Aníbal Ponce, Carlos Irbarguren y Luis Reissing porque a pesar de que no realiza entrega de títulos, el CLES no oculta que compite con la universidad. Desde su creación acoge a profesores despedidos por razones políticas, aunque también alberga a estudiantes y público en general.

El inicio de la Segunda Guerra Mundial propicia el entusiasmo de preparar un programa de país para la Argentina de posguerra. Debido a ello, el CLES acentúa su perfil político y se muestra como una institución cuya finalidad es reunir a los interesados en la “Reforma argentina”, a los intelectuales y a los políticos que estarían encargados de construirla y administrarla. En línea con ese propósito, entre 1940 y 1945 el CLES vive su época dorada, puesto que se transforma en una institución dedicada a discutir los problemas del país y los proyectos para el futuro, bajo la dirección de Arturo Frondizi. En esa época, Cursos y Conferencias (la revista que edita) aumenta el número total de trabajos publicados.

La institución sigue paso a paso la evolución de los sucesos de la guerra en Europa y, por tal causa, desde la conciencia liberal de sus miembros, el advenimiento de Perón como figura política es una manifestación local del fascismo europeo. Para el CLES Perón era el “duce criollo” y solo una vez que fuera derrocado se podrían asumir las riendas del país. Ese objetivo impulsa al CLES a participar activamente en las luchas políticas que agitan la segunda mitad de 1945 que llevan a la suspensión temporal de los cursos. Firman el “Manifiesto de las fuerzas vivas” en contra del gobierno militar y exigen el alejamiento de Perón desde las calles, pero quedan atónitos ante su triunfo electoral y publican una declaración en la que llaman a incorporarse a sus filas a todos los profesores exonerados de la universidad por la “política de intervención y peronización” promovida por el nuevo gobierno.

En la segunda presidencia de Perón la relación con el CLES se torna aún más tensa, ello se cristaliza en el informe que realiza Cursos y Conferencias en septiembre de 1952 en el que informa que el día 17 de julio la Policía Federal había dispuesto la suspensión de las actividades del Colegio porque durante el peronismo toda institución interesada en realizar actos o reuniones debía contar con la autorización de la Oficina de Reuniones Públicas de la Policía Federal. A partir de entonces —y hasta la autodenominada Revolución Libertadora— las actividades se trasladan a las filiales del interior y, específicamente, a las ciudades de Bahía Blanca y de Rosario. Neiburg (1998) aclara que a pesar de la suspensión de las actividades de la filial, Cursos y Conferencias no ve interrumpida su regularidad.

Luego del golpe del Estado, el colegio reabre sus puertas en Buenos Aires en un acto realizado el 11 de octubre de 1955 en la sede de la Sociedad Científica Argentina junto a políticos e intelectuales entre los que se destacan el ministro de Educación de la Nación, Arturo Dell´Oro Maini, el recién designado interventor de la UBA y miembro del colegiado de profesores del CLES, José Luis Romero y Luis Reissig. En un clima de victoria se anuncia el inicio de una nueva era y las actividades son retomadas con ímpetu.

Si pretendemos estudiar la relación entre el Estado peronista y los intelectuales debemos señalar que ante el reclamo de algunos intelectuales, el gobierno puso en marcha una serie de transformaciones institucionales dentro de las que se incluye la creación de la Subsecretaría de Cultura en febrero de 1948. La subsecretaría puede constituir una oportunidad para encauzar las relaciones del gobierno con la intelectualidad para proveer de nuevos recursos a los intelectuales y fortalecer las instituciones de la cultura subvencionando y apoyándolas. No obstante, para Fiorucci (2011) la reforma burocrática abre un escenario incierto porque los objetivos de la subsecretaría entran en tensión con el funcionamiento independiente del campo intelectual, puesto que la fundación de este cuerpo administrativo se justifica en el deseo del Estado de dar su propia orientación a la cultura, para fijar sus objetivos y controlar su ejecución.

Para la autora la voluntad de intervenir en el campo es explícita y se refleja en el decreto que dispone el gobierno para la renovación de los miembros de la Comisión de Cultura, que continúa funcionando como órgano asesor de la nueva subsecretaría. Esto último abre una disputa porque implica que sus antiguos integrantes sean reemplazados por figuras elegidas directamente por el Poder Ejecutivo Nacional. Este avance sobre el campo intelectual genera una desconfianza que va in crecendo a medida que el gobierno promueve una renovación de los círculos intelectuales por figuras de “menor capital cultural” para asegurarse su adhesión, como el caso del ministro de Educación Oscar Ivanissevich que había sido el primer interventor de la Universidad de Buenos Aires desde 1946 hasta 1948 cuando las exoneraciones y las renuncias se hicieron efectivas. En la misma línea argumentativa, Neiburg (1998) destaca que la única cifra disponible corresponde al año 1946, cuando solamente en la Universidad de Buenos Aires son excluidos 1250 profesores: 825 renunciaron y 423 fueron echados. Dicho estudio demuestra que la mayoría renuncia.

Tras la solicitud de algunos intelectuales (no todos peronistas) que reclamaban por la precariedad de la situación económica del sector, se crea en mayo de 1948 la Junta Nacional de Intelectuales. Fiorucci (2011) expresa que “este proyecto expone con nitidez los objetivos que el gobierno intenta lograr a través de la ampliación de la burocracia cultural: cooptar a los intelectuales e intervenir sobre la dinámica del campo” (p. 36). La junta tiene la intención de extender los beneficios de la reforma social peronista a los trabajadores intelectuales, aunque el requisito de Perón para llevar adelante el proyecto era que las dos sociedades de escritores existentes en la Argentina se reagrupasen en una sola. Si tenemos en cuenta que la ADEA reúne a los literatos que adhieren al gobierno peronista y la SADE congrega a la mayoría antiperonista, no debe extrañarnos que los peronistas se opongan a unirse en una sola asociación, apelando a las diferencias ideológicas irreconciliables que separan a ambos grupos de escritores. Por su parte, el antiperonismo decide enfrentar un proyecto que, según su óptica, busca vigilar la cultura e intervenir sobre las reglas del campo intelectual. Por tal causa, al declarar su repudio al proyecto, la SADE se convierte en la interlocutora del gobierno en representación de la intelectualidad antiperonista.

Cabe señalar que la mayoría de los intelectuales que apoyan la candidatura de Perón en 1946 pertenecen al universo ideológico denominado nacionalista. Este movimiento se caracteriza por albergar en su seno posiciones diversas acerca del rol que debe asumir el Estado en el curso de la economía nacional o las relaciones que se deben entablar con las tradiciones fascistas europeas. En este sentido, la ADEA recibe la adhesión de un número importante de intelectuales, aunque la lista refleja la heterogeneidad ideológica que caracteriza al grupo que apoya a Perón. Entre las figuras de mayor trayectoria se destaca el novelista Leopoldo Marechal, Arturo Cancela, el historiador y novelista Manuel Gálvez y su mujer Delfina Bunge, el ensayista Raúl Scalabrini Ortiz con gran parte del grupo FORJA. También el escritor elitista antisemita Martínez Zuviría junto con Arturo Jauretche.

Fiorucci estable que la ADEA es en muchos sentidos una réplica de la SADE, tanto por los objetivos que se  asigna como por algunos de los ideales que defiende. Desde sus inicios la asociación apela el apoliticismo que también había sido el motivo fundacional de la SADE. Además, la ADEA plantea que se deben modificar las leyes que protegen la propiedad intelectual e instituye sus propios premios para disputarle a la SADE la posibilidad de consagrar sus propios escritores y productos literarios. Finalmente, la ADEA cambia su postura apolítica inicial y se manifiesta a favor del peronismo, aunque para Fiorucci su proyecto fracasa por los recurrentes problemas económicos y porque el gobierno alinea a sus plumas más lúcidas abortando, de ese modo, los planes de los intelectuales peronistas de crear instancias alternativas a un campo intelectual dominado por el antiperonismo.

De acuerdo con la autora, luego de iniciada la segunda presidencia de Perón, las estrategias del Estado con los intelectuales comienzan a adquirir un cariz más unilateral. En ese momento: “Es posible registrar una mayor recurrencia de políticas y de acciones estatales claramente censuradoras y de confrontación (…) Varias instituciones de la cultura local como la SADE, el Museo Social o el CLES comenzaron a sufrir diferentes episodios de censura” (Fiorucci, 2011, p. 40).

En septiembre de 1950, el Congreso de la Nación promulga una ley que establece que el Poder Ejecutivo debe reglamentar el funcionamiento de las academias. Sin embargo, el proyecto es resistido por la oposición, por lo que recién en septiembre de 1952 el Poder Ejecutivo sanciona un decreto en el que se establece la necesidad de racionalizar el funcionamiento de las academias. Para cumplir con este objetivo se centraliza la fiscalización de la labor de las instituciones en un órgano recientemente creado: el Consejo Académico Nacional, integrado por los presidentes de las academias, el ministro de Educación y el rector de la Universidad de Buenos Aires. Además, se establece que la designación de los académicos de número debe ser aprobada por el Poder Ejecutivo y estipula que los miembros de más de sesenta años deben retirarse con el fin de integrar a la intelectualidad al proyecto peronista. No obstante, en lugar de apuntalar el funcionamiento de estas entidades culturales, el decreto provoca renuncias masivas.

A pesar de estas dificultades, la intención del Estado es atraer a los intelectuales y, al mismo tiempo, convertirse en un agente productor de valor cultural. Por ello, promueve los premios de la Comisión Nacional de Cultura y aumenta en 1951 el monto recibido por el premio de la Comisión Nacional de Cultura de 15.000 a 40.000 pesos. Además, instaura doce nuevos galardones nacionales a investigaciones académicas y textos literarios e incluye una serie de distinciones regionales. Inicia también un programa de becas para intelectuales americanos, con el fin de estudiar e investigar en el país. Aunque para Fiorucci (2011) “la instauración de los nuevos premios culturales en paralelo a la intervención de las academias remitía a aquello que caracterizamos como un rasgo del régimen peronista: la convivencia de estrategias estatales irreconciliables con respecto a la inteligencia” (p.44). La autora agrega que la reforma burocrática de los primeros tiempos del gobierno peronista tuvo éxitos escasos y vivió un ciclo que fue de la expansión al recorte y de una contradictoria liberalidad a la confrontación.

Si bien los problemas económicos de los años 50 contribuyen al fracaso del proyecto, es la recepción negativa que la reforma suscita entre los intelectuales que logran desarticular uno a uno los distintos proyectos estatales que intentaron regular la vida intelectual. También, agrega, que los logros del peronismo en el área cultural se vinculan a la integración simbólica de la población, privilegiando el espectáculo y la fiesta.

Teniendo en cuenta que los intelectuales evitan la confrontación directa con el gobierno, cabe preguntarnos cómo expresan sus desacuerdos. Para abordar este interrogante debemos analizar el contenido de algunas revistas culturales que durante el período operan como canales de expresión de los distintos grupos antiperonistas.

La revista Sur se posiciona en contra de cualquier definición acotada de cultura nacional y su grupo se representa como el heredero de las generaciones de 1837 y 1880. También adhiere al liberalismo y se posiciona como una minoría culta que tiene la obligación ética de proteger los valores de la cultura si estos son amenazados por el devenir de la política. En el momento en que Perón se convierte en candidato presidencial, la revista se posiciona contra el movimiento que este último lidera y comienza a asociarlo con el fascismo. Sin embargo, debemos aclarar que el grupo Sur no asume la voz de la oposición explícitamente y ello explica por qué luego del 17 de octubre decide no publicar nada sobre la manifestación ni sobre las elecciones aunque el peronismo sigue siendo percibido como la manifestación local del fascismo y como un régimen dictatorial que promueve la vulgarización y la nacionalización de la cultura. En este sentido, utilizan el recurso indirecto para referirse al movimiento a pesar del enfrentamiento directo que el Estado tiene con varios de los intelectuales que conforman el grupo, entre ellos, con Victoria Ocampo (su directora), que es encarcelada en 1953. Al respecto, Fiorucci (2011) esboza que “es posible aseverar que el grupo Sur no vivió a la altura de la responsabilidad que se había autoimpuesto: la de alzar la voz cada vez que la política amenazase los valores que consideraba universales, entre ellos las condiciones que hacían al funcionamiento de la vida intelectual” (p. 141). De este modo, plantea que las causas de esta renuncia pueden estar asociadas al deseo de preservar la supervivencia de la autonomía del campo intelectual e identifica cómo a partir del golpe de Estado de 1955 la estrategia de la revista cambia. Cuando los militares interrumpen el gobierno de Perón, Sur dedica un número completo a hablar en forma directa y con nombre propio sobre el peronismo. Al respecto, Julián Dércoli (2014) sostiene que resulta extraño que los antiperonistas “nunca dediquen ni una crítica al carácter autoritario (¿y político?) de los gobiernos basados en la represión y proscripción del movimiento político mayoritario” (p. 34).

Sin embargo, Sur no es el único medio de expresión de los escritores antiperonistas, también se destaca la revista cultural Expresión que aparece en diciembre de 1946 y tiene una breve duración de ocho números editados a lo largo de dos años. Esta congrega a hombres de la izquierda local, tanto del comunismo como del socialismo que pese a sus diferencias ideológicas y estéticas con los miembros de Sur apelan a los mismos argumentos a la hora de expresarse en contra del peronismo.

En el caso de Expresión la emergencia del peronismo supuso para la izquierda un desafío teórico y práctico difícil de resolver. La clase obrera, que en el imaginario de izquierda debe ser la base de sustento tanto del comunismo como del socialismo, se inclina por el peronismo. Sobre este tema, Carlos Altamirano (2011) expone que la oposición al peronismo es sistemática y permanente en el caso del socialismo, mientras que en el caso del Partido Comunista es más cautelosa y oscilante. En los primeros años de gobierno, el PC se atiene a la táctica de “apoyar lo positivo y criticar lo negativo” y a diferencia de los socialistas busca la unidad de acción con los dirigentes obreros peronistas. El autor señala que débiles en la escena política y en la sindical, estos partidos hallan su campo de acción en la escena ideológica y en los aparatos de cultura.

Por su parte, en febrero de 1947 surge Realidad fundada por Francisco Romero que congrega a varios intelectuales entre los que se pueden identificar varios nombres asociados a Sur. Realidad publica un total de dieciocho números y se posiciona abiertamente en contra del marxismo. En una sintonía ideológica similar y con una temática parecida, en mayo de 1949 aparece Liberalis, cuyo objetivo —como se puede deducir de su título— es la defensa de la tradición liberal, la que identifica como “natural” en América puesto que es el ideal que da nacimiento a las naciones americanas. La posición de los escritores ante el peronismo se expresa en el rechazo al gobierno y a los cambios que este trajo aparejados, sobre todo en lo que respecta al revisionismo histórico, el clericalismo y el intervencionismo estatal. Al igual que Sur la revista invoca el régimen republicano para definir el orden político deseable para subrayar la distancia entre el orden “ideal” y el vigente. También comparte con Sur la decisión de expresarse en contra del gobierno peronista una vez consumado el golpe de Estado del 55.

En un contexto político de mayor conflictividad, en septiembre de 1953 nace el proyecto editorial de José Luis Romero: Imago Mundi, que llega a publicar doce ejemplares entre septiembre de 1953 y junio de 1956. El subtítulo de la revista, Revista de Historia de la Cultura, da cuenta de la adopción de una postura metodológica en los estudios históricos que busca superar los reduccionismos. José Luis Romero afirma que Imago Mundi se constituye en esa época en una “universidad en las sombras”. Según Fiorucci (2011) debemos interpretar la participación de los intelectuales en las revistas durante el peronismo como el modo que encontraron para ejercer la voz con relativa libertad.

Finalmente, la revista Contorno aparece a fines de 1953 y se caracteriza por su voz discordante tanto frente al peronismo como al antiperonismo. Dentro de sus miembros se destacan los hermanos Viñas, Tulio Halperin Donghi y Juan José Sebreli. Presentándose como una generación dotada de una nueva sensibilidad estética y política, la revista acusa a la intelectualidad liberal de no asumir el compromiso que tienen como intelectuales aunque sería exagerado exaltar el significado de ese distanciamiento con el antiperonismo, ya que Contorno tampoco denuncia al gobierno antes de septiembre de 1955.

Llegados a este punto resulta pertinente resaltar que la emergencia del peronismo junto con la inclusión de la clase trabajadora a la vida nacional suscita en la escena política argentina opiniones encontradas que reflotan la tesis de larga data acerca de la división del país en lo que Carlos Altamirano (2011) describe como “las dos Argentinas”, que evidencia la reyerta entre peronistas y antiperonistas. Estos últimos tienen la convicción que el peronismo trajo consigo la adulteración de la verdadera nacionalidad.

Dentro de este debate se inscribe el del divorcio entre los intelectuales y el peronismo sobre el que Oscar Terán (2006) sostiene que si tenemos en cuenta que el peronismo comienza delegando la educación en manos de la Iglesia católica, es posible pensar que carece de un programa estructurado para el área educativa y, por tal causa, en este sector de la gestión se encarga de expulsar toda voz disidente, contaminando la cuestión cultural con un componente político. Agrega que podría decirse que el gobierno aplica prácticas de control y censura sobre las manifestaciones artísticas e intelectuales, pero que la historia es más matizada de lo que se cree, puesto que los escritores encuentran espacios de resistencia y producción cultural desde donde se editan las revistas como Realidad, Imago Mundi y Sur. En este sentido, Flavia Fiorucci (2011) expone que el intento del Estado por reformar la burocracia cultural tiene éxitos escasos y resulta una intromisión en el campo intelectual que lo único que genera es desconfianza por parte de la inteligencia argentina que supone que su autonomía se encuentra en peligro. Por tal motivo, como parte de una estrategia de supervivencia y en pos de conservar su espacio, las revistas culturales deciden llamarse al silencio o no brindar declaraciones explícitas en el contexto del peronismo. No obstante, esta actitud despierta dudas, ya que si los miembros de las revistas condenan el gobierno de Perón por considerarlo una dictadura en consonancia con el fascismo europeo, en nuevas investigaciones habría  que profundizar sobre las razones por las cuales la dictadura militar del 55 no provoca entre los intelectuales el mismo temor que decían padecer en el gobierno del general depuesto.

Por su parte, los espacios alternativos como el Colegio Libre de Estudios Superiores siguen funcionando y la institución solo demuestra señales de agotamiento a partir de septiembre de 1955 cuando un importante número de sus cuadros más representativos se integran a las funciones políticas y de gobierno. Como expresa Federico Neiburg (1998) de los cincuenta individuos que integraban el colegio de 1950, veintiocho pasan a ser profesores en la universidad, seis ocupan cargos directivos y cinco, cargos de gobierno de primer o segundo escalón en la Revolución Libertadora. Mientras que más del 50% llega por primera vez a esas posiciones.

Si bien podemos caracterizar la política de Perón frente a los intelectuales como tensa, resulta significativo matizar aquellas posturas que la tildan de meramente autoritaria, puesto que, como señalamos en las páginas precedentes, existieron intenciones por parte del peronismo de flexibilizar su relación con los intelectuales. Ello se cristaliza en el intento de hacer efectivos los reclamos de los intelectuales de ser incluidos en la reforma social peronista. Los claroscuros que caracterizan su gestión se evidencian en la creación de la Subsecretaría de Cultura en febrero de 1948, la sanción de la Ley 13.031 —norma por la cual el gobierno de las universidades se convierte en dependencia del Poder Ejecutivo— y del decreto 29.337 que garantiza la gratuidad de la enseñanza universitaria, además del ingreso irrestricto.

El golpe de Estado de 1955 produce un quiebre dentro del campo intelectual y comienza a proliferar una producción cultural de frontera, cuyas manifestaciones pueden interpretarse como una variación de la izquierda nacionalista que intentan redefinir al peronismo alejándose de los errores que habían cometido los partidos de izquierda tradicional.

Como esboza Carlos Altamirano (2011) el “hecho peronista” comienza a funcionar como un reordenador de las significaciones de la cultura de izquierda. Más aún, la profunda brecha que abre la Revolución Libertadora provoca que los jóvenes que habían militado en oposición al gobierno de Perón realicen una relectura del peronismo en contraposición a la visión liberal y socialista que señalaron al peronismo como un fenómeno accidental y  pasajero. En este sentido, Oscar Terán (2006) propone que desde las incipientes formaciones de la nueva izquierda se comienza un proyecto reinterpretativo de vastas consecuencias políticas y culturales. Tratando de dar cuenta de la ceguera de la izquierda ante el 17 de octubre de 1945 como acto fundacional del nuevo movimiento, estos jóvenes producen una auténtica ruptura generacional.

El devenir de este proceso excede los límites de este trabajo, por lo cual, la investigación queda abierta al debatepunto final_it8x12


bibliografia Referencias bibliográficas

Altamirano, C. (2002). “Voces: Campo intelectual”. En Términos críticos de sociología de la cultura (pp. 9-11). Buenos Aires: Paidós.

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Dércoli, J. (2014). La política universitaria del primer peronismo, CABA: Punto de encuentro.

Fiorucci, F. (2011). Intelectuales y peronismo 1945- 1955, CABA: Editorial Biblos.

Neiburg, F. (1998). “Peronismo y mitologías nacionales”. En Los intelectuales y la invención del peronismo (pp. 95- 182). Buenos Aires: Alianza Editorial.

Terán, O. (2006). “Rasgos de la cultura durante el primer peronismo”. En Historia de las ideas en Argentina (pp. 257- 279). Buenos Aires: Siglo XXI.

 

¿Cómo citar este artículo?

Olivares, B. (2017). El hecho peronista en el debate cultural e intelectual: 1945-1955. Sociales y Virtuales, 4(4). Recuperado de <http://socialesyvirtuales.web.unq.edu.ar/el-hecho-peronista-en-el-debate-cultural-e-intelectual/>


Ilustración de esta página: extraída de http://jup-chubut.blogspot.com.uy/2012/11/la-educacion-y-el-peronismo-las.html

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